El Gobierno buscará reformar el Código Procesal para limitar las excarcelaciones amotochorros, luego de las críticas expresadas días atrás por el presidente Mauricio Macri al juez que liberó en menos de un día a un ladrón que el domingo asaltó a una turista griega cerca del teatro Colón.

La propuesta surgió de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que primero le apuntó al fiscal Anselmo Castelli por “defender al delincuente por sobre el ciudadano” y le pidió al procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, que tome “medidas” contra los “fiscales que defiendan delincuentes”.

El objetivo es modificar tres artículos del Código Procesal Penal para limitar las excarcelaciones a los motochorros. Según Clarín, se trataría de una reforma de los artículos 316, 317 y 318, que regulan justamente los procedimientos que deben seguir los magistrados y fiscales para conceder las excarcelaciones y las exenciones de prisión.

El plan busca avanzar en restricciones más concretas para evitar que se concedan este tipo de beneficios a quienes roben en moto. El último hecho que tomó gran trascendencia fue al que hacía referencia Macri en una serie de tweets publicados el lunes: el robo a una turista griega a metros del Colón, donde el delincuente fue detenido pocos minutos después por la Policía.

El malestar en el gobierno se originó debido a que el fiscal Castelli no realizó el procedimiento de “flagrancia” - la detención in fraganti, que permite una sentencia en menos de 48 horas - sino que derivó al acusado al juez Gabriel Ghirlanda, que ordenó la liberación del imputado el lunes a la tarde.

Horas después, Macri expresó su enojo en Twitter: “Un motochorro más liberado en menos de 24 horas después de haber asaltado a una turista y de ser reconocido por otra víctima más. Vuelvo a pedirle a la Justicia que cuide a los ciudadanos y no a los delincuentes”.

A pesar de las críticas que surgieron desde el gobierno, el Ministerio Público Fiscal respaldó a Castelli por su accionar en esta causa, y en un comunicado expresó que no se avanzó en los procedimientos previstos por la Ley de Flagrancia porque consideró que no se daban las causales necesarias, y aclaran que “de ningún modo eso implica que no será investigado el hecho”. Inclusive, aportaron un dato clave: la Fiscalía de Castelli aplicó la ley de Flagrancia en otros 35 casos donde hubo 39 personas detenidas.