En el exterior hay un frente judicial que preocupa, y
mucho, no sólo a la administración de Cambiemos sino también al kirchnerismo,
el peronismo federal y hasta el sector más cercano al ex ministro de Economía,
Roberto Lavagna. Se trata del juicio contra la Argentina por la expropiación de
YPF en 2012 que condujo el actual diputado nacional Axel Kicillof.
El fondo buitre Burford Capital se puso adelante del juicio
contra el Estado y contra YPF por la expropiación que se llevó adelante en
2012. A todo el mercado e incluso a sus accionistas ese fondo buitre le
aseguró que compró los derechos del juicio a Petersen Energía, propiedad de la
familia Eskenazi, que tenía el 25% de la compañía.
En el juicio en los Estados Unidos el procurador del
Tesoro, Bernardo Frías Saravia, y el director de YPF y parlamentario del
Mercosur, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, ya consiguieron que la
administración de Donald Trump les mande una señal de apoyo ante la
Corte Suprema para comenzar a conseguir adhesiones.
El juicio es una de las preocupaciones financieras más
grandes que tiene la Argentina en cuanto a litigios judiciales, debido a que si
llega a buen término, además de las compensaciones que se le deberá pagar a
Burford, el Estado estará obligado a comprar el resto del paquete accionario de
la empresa.
Es por eso que, como plan secundario en el juicio, es que
la estrategia judicial mutó en lo que se llama la denuncia de “un acto de
simulación” en esa compra del juicio. Cuando grupo Petersen quebró, Burford se
interesó en el litigio que mantenía en los Estados Unidos contra YPF y el
Estado Argentino por más de U$S 6.000 millones.
El problema es que, en la Justicia de los Estados Unidos,
los juicios iniciados no pueden cambiar de manos por así decirlo. Para poder
continuar con el litigio Burford Park, según consta en el expediente judicial,
manifestó que tienen un “contrato de financiación”, es decir que lo que hace es
inyectar dinero para cuando se cobre el juicio, si se gana, tenga ganancias.
Los abogados argentinos consideran que ese contrato es nulo
y que lo que esconde es una cesión de crédito por lo que detrás del contrato de
financiación se encontraría una simulación de venta del crédito; es decir que
para Frías Saravia y Rodríguez Simón Burford simuló esa financiación cuando en
realidad lo que hizo fue quedarse con la compra de los derechos de juicios.
¿Por qué es importante lo que suceda en España? En
aproximadamente un año o año y medio, la Justicia Civil de Madrid tendrá que
decidir si se trató de una simulación o de una compra durante la quiebra de
Petersen. Si llega a confirmarse que se trató de una compra,
automáticamente se caerá la acción judicial en los Estados Unidos debido a que
no existiría más la figura de Petersen. Eso se conoce como legitimación activa.
¿Cómo se llegó a esa conclusión? Desde el cambio de
Gobierno siempre estuvo la duda sobre el estado accionario de Petersen en
Madrid y cómo fue la operación en la cual Burford se quedó con la capacidad de
litigio. Es por eso que se comenzó a poner el ojo ahí.
La paradoja es que si prospera esta situación se caería el
juicio en los Estados Unidos, que es en donde Cambiemos apuntaba a que se
pueda saber un poco más sobre cómo fue la operatoria mediante la cual la
familia Eskenazi se quedó con el 25% de las acciones de YPF; históricamente
existió la duda de que además de la familia empresaria habría habido
beneficiarios de la política en esa operación.
Esto se denomina como “Discovery Process” y es básicamente
que se investigue, para poner blanco sobre negro, todos los procesos de
privatización y estatización de la compañía, lo que podría llegar a resultar
una verdadera caja de Pandora.