Hoy en día, solo uno de los procesados sigue con vida y dada su avanzada edad, se teme que, como tantos otros, quede impune por el mero transcurso de los demorados tiempos judiciales.

El coronel (RE) Héctor Fructuoso Funes, era el jefe de Inteligencia del Estado Mayor de Comando del II Cuerpo de Ejército al momento del robo de expedientes vinculados a la investigación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurrido el 8 de octubre de 1984 en los tribunales de Rosario donde se resguardaban.

A continuación, publicamos el contenido de la carta abierta:

A los Señores Jueces del Tribunal Oral Federal Nro. 2 de Rosario

Los que suscriben el presente documento, juristas que hemos dedicado nuestras vidas profesionales y personales a la causa de la justicia y los derechos humanos, solicitamos con vehemencia que se fije con carácter de extrema urgencia la fecha de juicio en los autos caratulados Exp. FRO 31001127/2011/ tramitado en el TOF 2 de Rosario. En dicha causa se pretenden juzgar hechos gravísimos contra la justicia argentina y el Estado de Derecho, como fue el robo de los expedientes vinculados a la represión ilegal del terrorismo de Estado en la Argentina durante la última dictadura cívico militar y empresarial de los tribunales provinciales de Rosario, hace ya casi 38 años.

Dichos documentos producidos por la CONADEP (Comisión nacional sobre desaparición de personas) y que contenían información crucial sobre el destino de los desaparecidos y del robo de niños, además del material inculpatorio de los perpetradores de estos graves crímenes de genocidio y lesa humanidad, aseguró la impunidad de los principales responsables del ámbito militar. Especialmente del II Cuerpo del Ejército, ya que eran documentos probatorios de toda su logística y organización sistemática.

La sociedad argentina desde la restauración democrática y muy enfáticamente en los años de la reapertura de los juicios de lesa humanidad, tiene el sostenido empeño de no hesitar ante la posibilidad de juzgar estos crímenes atroces que destruyeron nuestro país.

En este gravísimo caso, un atentado contra toda la sociedad argentina y en particular contra la administración de justicia de nuestro país, solamente queda un responsable vivo de estos hechos, y a pesar de haber fallado Casación el 12/10/22, en contra de su arresto domiciliario, sigue sin ejecutarse el fallo.

La posibilidad de que el único imputado quede exento de cualquier instancia de juzgamiento nos parece un hecho de acentuada gravedad para la justicia argentina y que ofende al sentimiento de justicia de la comunidad internacional.

Por ello requerimos que los señores jueces de este tribunal puedan convocar con urgencia la fecha del juicio, dado que la audiencia preliminar será el 6 de diciembre de 2022, y una prórroga de prisión preventiva, como ha pedido el señor fiscal, para evitar daños irreparables en la sustanciación de esta causa y en la búsqueda de la justicia.

Asociación Justicia Legítima; Asociación Americana de Juristas; Asociación Argentina de Juristas; Baltasar Garzón Real DNI 26.182.037X; Raúl Eugenio Zaffaroni DNI 4.299.533;

Luis Hipólito Alen DNI 11.361.023; Eduardo Barcesat DNI 4.308.304; Beniuz Smukler

DNI 13.736.690; Cristina Caamaño Iglesias Paiz DNI 12.946.045, Presidenta de Justicia Legítima; Claudia Rocca DNI 17.063.627, Presidenta de la Asociación Argentina de Juristas; Matías Bailone DNI 28.106.877; Martin Fresneda DNI 24.251.435; Fabián Salvioli

DNI 16.261.349; Daniel Rodolfo Pablovsky DNI 10.122.602; Daniel Rubén Salvetti

DNI 11.994.984