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Judiciales Condenan en Rosario a un oficial del Ejército por el robo a Tribunales de 1984
13/04/2023 | 9521 visitas
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Por primera vez se determinaron responsabilidades por el golpe comando en Montevideo y Balcarce. El material robado era parte de la investigación de la Conadep y nunca fue encontrado. Ahora quedó demostrado que lo concretó el propio Ejército y para ello fue clave el testimonio de Adriana Arce.

Por primera vez quedará inscripto en la Justicia: bajo órdenes del Ejército, el 8 de octubre de 1984, un grupo comando ejecutó el robo de cientos de documentos en Tribunales provinciales (Balcarce entre Montevideo y Pellegrini), vinculados con los crímenes cometidos por el Estado argentino durante la dictadura. Por primera vez en 39 años hay una condena: Héctor Fructuoso Funes, quien era jefe de Inteligencia del II Cuerpo de Ejército, fue sentenciado a cuatro años de prisión por este hecho. Lo resolvió el Tribunal Oral Federal Nº2 de Rosario a través de un juicio abreviado.

“Hace mucho tiempo vengo denunciado y la verdad que me siento súper feliz de que esto se haya aclarado. Ojalá podamos saber cuál fue el destino de la documentación porque, en el fondo, nosotros más que cualquier otra cosa es lo que realmente nos interesa”, dijo Adriana Arce, testigo privilegiada del hecho: la noche anterior al robo había participado, como víctima, de los allanamientos ordenados por el juez Francisco Martínez Fermoselle y vio las pilas de documentos guardadas en una sala de Tribunales. Su propio testimonio fue robado. 

La causa conocida como Robo a Tribunales investigó una Operación Especial de Inteligencia planificada y ejecutada por personal militar del Destacamento de Inteligencia 121, mediante la cual se robaron pruebas fundamentales para la megacausa Feced.  Entre el material había municiones, armas y documentación, como fotos y fichas.

Esos documentos tenían información clave sobre el destino de muchos desaparecidos, así como datos sobre las casas operativas como centros clandestinos, como centros de vigilancia, material que podía servir para inculpar a represores. Nunca fueron encontrados ni hay datos sobre dónde podrían estar. El condenado, Fructuoso Funes, tampoco dio información: sigue al pie de la letra el mismo pacto de silencio que comparten la mayoría de los ejecutores y cómplices del genocidio en Argentina. 

El fiscal Adolfo Villatte explicó por qué optaron por el juicio abreviado -poco habitual en este tipo de causas- y para eso enumeró una serie de particularidades del caso: se trata de un hecho cometido ya en democracia pero que fue declarado conexo a delitos de lesa humanidad (por lo tanto, no prescribe); hace tiempo se insiste en la urgente fijación de una fecha de inicio de juicio oral y no se cumple; el único imputado que sigue con vida ya tiene 86 años y por los tiempos judiciales se corría el riesgo de que -al igual que tantos por todo el país- fallezca y el hecho quede impune.

Estas circunstancias llevaron a la Unidad Fiscal de Derechos Humanos a rever la estrategia para garantizar que haya una condena y un reconocimiento de la Justicia de la existencia de estos hechos y que así se descarten las diversas conjeturas que se barajaron durante años, por ejemplo que el robo fue cometido por un grupo de personas, “una patota”, por fuera de la estructura del Estado.

“Un integrante del Ejército argentino, desde su lugar de responsabilidad en ese momento, dijo: sí, acepto la responsabilidad y tanto la acepto que acepto se me sea impuesta una condena de cuatro años de prisión”, dijo Villatte

El fiscal auxiliar Juan Murray subrayó: “Él no sólo habla de su responsabilidad sino de haber recibido órdenes y de haber impartido órdenes”, en particular de su superior Víctor Pino Cano. Y agregó que no sólo admite su responsabilidad sino que “está hablando de la responsabilidad del Ejército argentino institucionalmente”.

Es justamente lo que Adriana Arce denuncia hace décadas. Cuando se enteró de la sustracción, esa misma mañana de octubre de 1984, decidió irse del país pero nunca dejó de denunciar el robo. Vivió muchos años en España, luego en Buenos Aires y en 2017 volvió a irse del país, esta vez a Marruecos. Volvió a Rosario varias veces para declarar, de hecho en diciembre de 2022 estuvo para pedir que se fijara con urgencia una fecha de inicio de juicio.

Arce hoy tiene 75 años, es una de las creadoras del Archivo Nacional de la Memoria, fue directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la Unesco, trabajó con el jurista español Baltasar Garzón, se dedicó al estudio de pueblos originarios y hoy da clases en la universidad de Rabat, en Marruecos.

Está de visita en Argentina desde fines de marzo cuando se realizó en Buenos Aires el Foro Internacional por los Derechos Humanos y vino a Rosario este miércoles para participar de la comunicación a la prensa de la condena al oficial del Ejército Fructuoso Funes.

Arce dijo sentirse feliz por la noticia: lo considera un éxito después de tantos años pero inmediatamente aclaró que hay que apurarse a seguir los próximos pasos: investigar el paradero de todos esos documentos robados. Arce está segura de que existen, que no fueron eliminados. Lo dice a partir de todo su trabajo como investigadora, a través del cual en numerosas oportunidades dio con documentos como fichas técnicas de personas desaparecidas, documentos sobre casas que funcionaron como centros clandestinos, archivos de prensa con nombres subrayados de personas que luego fueron desaparecidas. Todos esos documentos estaban bien guardados y fueron descubiertos. Arce no tiene dudas: hay que seguir buscando.

De hecho, dijo que volverá a revisar los documentos del Archivo Nacional de la Memoria: “Es un lugar donde permanentemente se recepcionan archivos porque hay muchas campañas y llamadas a la población. Yo quiero crear una alerta”.


Encontrar esos documentos robados “nos abriría las posibilidades de aclarar muchas cosas no solamente con respecto a los desaparecidos del Segundo Cuerpo del Ejército, sino también toda la represión que hubo en el cordón de la zona norte, Villa Constitución, todas las coordinadoras de gremios en lucha”.

La condena “es la demostración fehaciente de que aún durante la democracia las fuerzas de seguridad continúan con los viejos métodos aprendidos en la dictadura y lo ponen en funcionamiento en determinados momentos para diferentes cosas”, definió Arce.

“No podemos estar tan tranquilos sin ser conscientes de esta situación”, advirtió y dijo que es cierto que en Argentina se han dado ciertos avances en materia de garantía de derechos humanos pero “siempre hay una vuelta a lo anterior en las cosas que pasan. porque si realmente hubiéramos avanzado como pareciera no tendríamos los casos de gatillo fácil, estas cosas que pasan todos los días lamentablemente en nuestro país”.

Por su parte, Villatte manifestó que, por las particularidades antes mencionadas del caso, “era estratégicamente conveniente ver la posibilidad de tener cuanto antes una condena”. “Esto también nos sienta una base a partir de la cual la investigación que nosotros seguimos llevando adelante ya parte de la existencia de una responsabilidad de un alto integrante, de plana mayor del comando del Segundo Cuerpo de Ejército. Héctor Fructuoso Funes era jefe de Inteligencia del Comando del Segundo Cuerpo del Ejército en ese momento”, explicó.

La prueba robada de Tribunales -luego de que los criminales maniataran y amenazaran a los guardias del lugar- era fundamental para poder juzgar a Agustín Feced, que fue jefe de policía de Rosario durante la dictadura. Feced comandaba una patota de civiles y uniformados que operaba en el ex Servicio de Informaciones (Dorrego y San Lorenzo) y que se dedicaba a secuestrar, torturar y asesinar personas. Luego vendrían las leyes de obediencia debida, punto final y los indultos.

Cuando en 2006 se retomaron los juicios de lesa humanidad en todo el país, se reactivaron las investigaciones y Rosario tuvo su primera condena en 2010. La causa Feced es tan grande que se divide en varios tramos, el primero empezó en 2010 y tuvo su última sentencia en 2020. Es la causa más grande en relación con centros clandestinos de detención de la provincia de Santa Fe.

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