El Ministerio de
Trabajo de Santa Fe y el sindicato del sector hicieron este sábado una
inspección laboral en el Circo Rodas. Según el gremio, se detectó “un grave
estado de precarización laboral” de las trabajadoras y los trabajadores del
circo, que se instaló en Rosario hasta el próximo 26 de mayo en avenida Francia
y el río Paraná.
El control estatal
llegó por pedido de la Unión Argentina de Artistas de Variedades (Uadav), que
representa a quienes trabajan en circos. Los funcionarios públicos y
representantes gremiales tuvieron que esperar e insistir para hacer la
inspección, ya que la compañía circense demoró el ingreso, dijeron desde el
sindicato. Desde Trabajo afirmaron que la demora fue usual y que se produjo
porque estaba en plena función.
Cuando lograron
entrar, los gremialistas dijeron haber comprobado que el panorama era peor de
lo esperado: “Relevaron a 30 artistas y todos estaban en negro, había menores
de edad sin contrato cobrando por jornal y había habilitaciones vencidas”.
Desde el sindicato calcularon que el circo emplea a unas 45 personas y dijeron
a muchas les ordenaron esconderse para no ser registradas.
También los
sindicalistas afirmaron que el Ministerio “evaluaba la clausura de funciones” y
que convocó a las partes a una audiencia para el viernes próximo. Desde
Trabajo, informaron que la documentación será analizada en los próximos días,
pero declinaron avalar las irregularidades que denuncia el sindicato.
El circo Rodas desembarcó en Rosario el 12 abril y tiene previsto
quedarse hasta el próximo domingo 26 con funciones los siete días de la semana:
una de lunes a viernes, dos los sábados y tres los domingos. Las entradas
cuestan entre 200 y 700 pesos, y se ofrecen promociones en distintas páginas
comerciales.
Al igual que otros circos que han llegado a la ciudad, Rodas es una
franquicia de una marca internacional. Según el delegado de Uadav Rosario,
Ezequiel Martínez, estas empresas arman su planta laboral con residentes en el
país. Pero lo hacen de una manera irregular con contratos que no garantizan los
beneficios mínimos para los artistas, como obra social y aportes para su futura
jubilación.
En Rosario el circo Rodas no es la excepción. De acuerdo con Martínez,
desde el gremio hicieron el pedido de inspección al Ministerio de Trabajo, que
organizó la intervención en 72 horas. El control estaba previsto para este
sábado a las 17, pero cuando funcionarios públicos y representantes gremiales
llegaron se encontraron con dilaciones para el ingreso.
Una hora después de lo previsto, los inspectores entraron. Relevaron 30
artistas. “Todos estaban en negro. Ninguno tenía alguna de las modalidades de
contrato que contempla el convenio colectivo del sector. Varios de ellos eran
menores de edad, como una contorsionista de 17 años que cobraba por jornal y
siempre recibía un monto distinto. También había un adolescente que, además de
ser bailarín, tenía que hacerse cargo de la venta ambulante de merchandising en
las funciones”, describieron. Desde Trabajo aclararon que la menor estaba
acompañada de su padre.
“Fue muy difícil hacer la verificación. No se nos permitió el ingreso a
todas las instalaciones, no pudimos relevar todos los tráilers ni nos dejaron
entrevistar a todos los artistas. A muchos les dijeron que se escondieran. No
querían presentar la razón social del circo ni la habilitación municipal, no
querían decir quiénes son los dueños o responsables. Fue una vergüenza, nunca
vimos algo así. La precarización laboral con la que trabajan es impresionante.
Es una explotación total”, lamentó Martínez.
El delegado agregó que cuando les pidieron las habilitaciones
municipales se negaron a mostrarlas. Después de casi una hora, entregaron la
habilitación municipal, con fecha de vencimiento para el mismo día.
Martínez contó que el Ministerio citó a una audiencia para el viernes 17
por la mañana, y además que evalúa la clausura de funciones. Además, la demora
en la inspección hizo que el show previsto para las 18 comenzara una hora más
tarde, aseguró.
El representante gremial recordó un siniestro que, particularmente,
ocurrió en la ciudad con el mismo circo Rodas, ahora instalado en la rotonda de
avenida Francia, a metros de las torres Dolfinas. Sucedió el 19 de octubre de
2013, en el llamado Globo de la Muerte, en el que varios motociclistas
interactúan dentro de una jaula con forma de esfera. El siniestro se
desencadenó por el reventón de uno de los neumáticos de una moto, rememoró.
Eran cinco los que participaban del número, y uno de ellos quedó inconsciente y
debió ser internado.
Otro motociclista sufrió fractura de clavícula y fue atendido por un
servicio de emergencias. El mismo día, por la noche, el espectáculo se repitió,
aunque con tres artistas. Un siniestro similar, con el mismo show,
ocurrió en Venado Tuerto, recordó el sindicalista.
“Hoy nuestros artistas están tan desamparados como 5 años atrás, cuando
pasó ese accidente. Estamos muy preocupados por la precarización laboral”,
concluyó Martínez.
Convenio
La normativa que regula el trabajo en los circos está en los convenios
colectivos 32/75, 50/75, y 340/75. Comprende un amplio abanico de actividades:
cantantes de arte mayor y menor –nacionales e internacionales–, bailarines,
conjuntos de baile folclóricos y modernos, presentadores, imitadores, monologuistas,
participantes de los espectáculos de doma y folclore, por ejemplo. Un caso particular
es el de los circos. En ellos se incluyen prestidigitadores, acróbatas,
malabaristas, magos, faquires, payasos, tonys, amaestradores –en la provincia
están prohibidos los espectáculos con animales–, titiriteros, contorsionistas y
maestros de ceremonia, sin agotar una extensa lista.
La provincia de Santa Fe tiene una ley propia que protege a los artistas
del sector: es la 7.075, sancionada en 1973. Según Martínez, casi no se aplica,
y desde la seccional Rosario del gremio buscan que se le dé cumplimiento
total. El sindicato a nivel nacional está conducido por Hugo Fontana, más
conocido por su nombre artístico Hugo Del Carril (h). Es el hijo del homónimo,
cantante y director de cine. Martínez explicó que no sólo se incumplen las
normas de contratación y las retribuciones a pagar. También suele haber escaso
apego por las obligaciones de seguridad e higiene laboral.