“Creo que C.E.R. rompe una cuestión que estaba naturalizada en el norte de la provincia. Nos decían: esto es normal acá, esto normal en estas chicas, que sean abusadas por los padres, como si fuera parte de la cultura y como si eso fuera normal, y creo que lo que este caso hace es romper con la naturalización y mostrar la verdadera naturaleza de lo que pasaba, que era que se estaban violando los derechos de las niñas a tener un desarrollo adecuado, a desarrollar libremente su sexualidad, a crecer con libertad y a no vivir atemorizadas adentro del hogar”, consideró Chiarotti, quien planteó que la causa que provocó una sanción de la CIDH al estado argentino “rompió un pacto, algo así como un pacto atávico de proteger a los abusadores. Ahí entraron a poner en duda cómo habían juzgado, en qué habían fallado, empezaron a revisar eso por primera vez de manera crítica. Se empezaron a revisar ellos mismos. Cuando empezamos a meter el amicus curiae, cuando empezamos a pedir la sentencia, empezaron a preguntarse por qué nos la piden. Me acuerdo cuando fuimos con Viviana Della Siega, de Insgenar, a Vera, el juez dice ‘cuando ustedes pidieron el expediente, yo mandé a pedir la sentencia y para mí estaba bien’. O sea, la revisó por si había metido la pata y como estaba tal cual, de acuerdo con su pensamiento patriarcal, él pensó que seguía bien y que no tenía por qué preocuparse”.

Muse Chemes también había actuado en una causa por corrupción de menores de una agente judicial a niñas de entre 12 y 18 años, en estado de vulnerabilidad social. El entonces magistrado entendió que por esa condición “no se puede corromper lo corrompido”, fuga del hogar, entre otras cosas, y “lo utiliza para desmerecer sus testimonios”, retoma la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento. “Se advierte entonces un patrón de conducta en las sentencias relatadas que deja per se en una situación de desigualdad de las niñas víctimas adolescentes ante la marginación del derecho aplicable, que impone que la declaración de la víctima sea una prueba fundamental”.

Chiarotti planteó que la destitución va a ser “tomado como un hito para toda Latinoamérica, como un ejemplo y como una buena práctica. El Comité de Expertas en Violencia de la OEA le va a dar la importancia que se merece a este caso, lo vamos a mostrar como ejemplo también, porque es importante que sepan los jueces que tienen un deber de actualizarse, de instruirse y de formarse con perspectiva de género”. Chiarotti forma parte de ese Comité.

Lo que queda claro tras la destitución de Muse Chemes es que “ya no basta con citar a Belem do Pará como hacen muchos y después dejar que todo el contenido de la sentencia vaya en contra del espíritu de la Convención, no se trata de cumplir así –puntualizó Chiarotti-. Se trata de empaparse del texto de la Convención, de su espíritu, de la jurisprudencia que dictó la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana en base a Belem do Pará y también la jurisprudencia que desarrolló el MESECVI, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención, que tiene ya muchos avances y apoyo técnico para juzgar con perspectiva de género. Entonces no se trata de minimizar eso, de seguirlo minimizando o seguirlo desconociendo. Creo que ya es hora de que nos empiecen a tener respeto”.

Filoni trae un recuerdo que también sirve para tomar en cuenta los avances. “En una capacitación del Chaco, uno de los jueces dijo, mientras estábamos exponiendo, ‘entonces quiere decir que cuando yo esté dictando una sentencia tengo que pensar que alguien como ustedes puede estar observando la sentencia’. Y sí, podemos estar observando la sentencia, indignándonos y denunciando en tal caso hasta llegar a Naciones Unidas. Y en ese momento para ellos fue como una sorpresa, decir estas mujeres qué están haciendo acá, que vienen a leer nuestras sentencias. Desde ese momento, en el que con el juez no pudimos hacer prácticamente nada, a llegar a este caso con una destitución, es un avance sumamente significativo”, planteó Filoni.

Y Chiarotti sintetizó: “Hay un movimiento de mujeres organizado que está vigilante y que ya no tolera más injusticia contra las mujeres. El movimiento de mujeres está harto de tanta impunidad, nosotros tenemos índices de impunidad que superan el 97 por ciento en casos de violencia sexual, y a la vez les estamos diciendo a las mujeres que denuncien, denuncien, denuncien, para qué, si de cada 100 denuncias, 97 van a ser archivadas. Las mujeres no son tontas, intuyen que el aparato judicial va a ser una picadora de carne que no les da justicia a ellas, ni las ayuda a reparar sus derechos, entonces, de qué estamos hablando cuando hablamos de justicia para las mujeres”.