Al considerar que la decisión de la Cámara Federal de
acotar el alcance de un peritaje sobre los teléfonos de Mauricio Macri y
varios de los miembros de la denominada Mesa Judicial no está firme, la jueza
María Servini ordenó a la Dajudeco que retome el entrecruzamiento de llamados,
la detección de contactos frecuentes y el impacto de las antenas de telefonía
de manera inmediata. Lo hizo en simultáneo con la decisión de la propia Cámara
de analizar la recusación planteada por la querella de los camaristas Martín
Irurzun y Leopoldo Bruglia, quienes sorpresivamente decidieron restringir la
medida de prueba a través de hacer lugar a una “queja” de los imputados, a
espalda de la querella y de la fiscalía, pese a que ellos mismos habían citado
a una audiencia para definir si la orden era nula o no. Todo en el marco de la
causa por una supuesta asociación ilícita que habría actuado para perseguir a
los accionistas del Grupo Indalo y acorralar judicial y administrativamente al
holding para avanzar en el desguace de sus activos, de manera intencional.
De acuerdo al proveído al que accedió Ámbito, la Cámara
formó un incidente con la apelación a Casación y decidió suspender la audiencia
convocada para mañana. El pedido de apartamiento por pérdida de imparcialidad
–haber resuelto sin respetar el Código Procesal y la posibilidad de que exista
algún tipo de vínculo entre Iruzun y uno de los imputados, Fabián “Pepín”
Rodríguez Simón- será resuelto de manera unipersonal. Es decir que, luego de un
sorteo que debería ser transparente, o Pablo Bertuzzi o Mariano Llorens
debieran definir si aceptan el planteo de la querella a cargo del abogado Carlos
Beraldi.
Pese a haber ordenado la remisión de todo el material
relevado por la Dajudeco para su destrucción, Servini volvió sobre sus pasos
ante el pedido de apartamiento de los camaristas y la apelación a Casación de
la restricción en las medidas de prueba, una cuestión polémica porque daba la
razón a los imputados respecto a la extensión de la medida. Ordenó “continuar
el informe oportunamente encomendado”, hasta tanto “se encuentre firme lo
resuelto” por la Cámara. Como viene haciendo desde un comienzo de la
investigación, la defensa de Macri a cargo de Pablo Lanusse atacó a
Servini: apeló este último decreto de la jueza, la acusó por
“desobediencia” y alertó que podría concurrir a tribunales internacionales por
los derechos supuestamente vulnerados ante la reanudación del peritaje, que no
involucra el aparato del expresidente, sino el listado de llamadas durante el
plazo determinado por la jueza entre 2016 y 2019. “Manifiesta y grosera
desobediencia”, adjetivó en 10 carillas, a la que agregó el peligro de un
supuesto “alzamiento” de la magistrada respecto al tribunal superior.
Lo cierto es que por la apelación de Beraldi, ni Irurzun
–que fue fotografiado tomando un café con Rodríguez Simón y alentó las
especulaciones respecto de si él mismo podría llegar a tener un contacto
telefónico con uno de los imputados que pudieran surgir de los cruces-, ni
Bruglia están habilitados para actuar en el expediente. Al menos hasta que se
defina si deben ser apartados. En el caso de Bruglia se objeta también su
irregular traslado que el Consejo de la Magistratura remitió al Ejecutivo para
que el Senado preste o no acuerdo para afianzar su cargo. En paralelo, la Sala
III de Casación es la que tiene radicada la causa para resolver si ratifica o
revoca la decisión de la Cámara.
Hasta tanto haya definiciones, Servini siguió adelante con
su decreto del 6 de julio pasado, cuando ordenó a la Dajudeco obtener el
listado de llamadas entrantes y salientes de Macri, Rodríguez Simón, José
Torello, Mario Quintana, Leandro Cuccioli, Alberto Abad (sobre el que está
pedida la indagatoria) y otros empresarios para confirmar fechas y ubicaciones
en momentos clave donde se presume que se ejercieron presiones sobre los
accionistas de Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Y en fechas cercanas
para establecer el patrón de comunicaciones respecto de decisiones que puedan
haber influido en el desarrollo judicial de las causas y en la AFIP.