El Ministerio de Justicia recibió de Estados Unidos lo que se llama un pedido de cateo, que significa retener y allanar el avión. El viceministro Juan Martín Mena le envió el pedido norteamericano al juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, porque es quien tiene retenido el avión. El Jumbo, además, fue allanado varias veces, una de ellas de manera ilegal y luego al menos dos veces más por orden del magistrado. Nunca se encontró nada.
La secuencia ahora es que los abogados de la tripulación -como se sabe 14 venezolanos y cinco iraníes- pidieron que, primero, le permitan salir a los 12 tripulantes que ya fueron autorizados por Villena a dejar la Argentina. El juez incluso les devolvió los pasaportes. Sin embargo, la apelación firmada por el fiscal visitante de la Casa Rosada en tiempos de Mauricio Macri, el fiscal Sergio Mola, provocó que se suspendiera el regreso de los 11 venezolanos y un iraní a sus respectivos hogares.
Mientras tanto, respecto de los demás siete tripulantes, la fiscal Cecilia Incardona, supuestamente espera que se termine la traducción de los chats entre los cuatro iraníes de la tripulación, además de informes de Paraguay, Uruguay y Estados Unidos para establecer si tiene alguna acusación que formular. Resulta asombroso que el estado argentino no haya podido traducir cinco celulares en dos meses y medio y que ni siquiera se haya fijado un plazo razonable para que alguno de los tres países requeridos diga algo.
Por lo que viene ocurriendo hasta ahora, si envían algún informe, será de inteligencia, sin valor judicial alguno, aunque de eso se han nutrido en Lomas de Zamora. El juez y la fiscal han dicho que tienen que evacuar la duda si el vuelo a Ezeiza no fue sólo para traer autopartes para Volkswagen, sino para encubrir acciones de terrorismo o espionaje. En 75 días no encontraron nada: todo se basa en publicidad de la derecha norteamericana, israelí, la oposición argentina, que es vocera de esos intereses, y la DAIA que, como es tradición, también exhibió su alineamiento con Washington y Tel Aviv. Por las dudas, los tripulantes y el avión están retenidos.
En Venezuela hay una enorme indignación política e incluso enojo con el gobierno argentino. Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional se pronunciaron contra “el secuestro de los tripulantes y el robo del avión”. Hay una campaña lanzada con la consigna: “devuelvan el avión”.
Consultado por la periodista Cyntia Garcia, el embajador Laborde simplemente contestó reflejando la situación judicial: “el avión está secuestrado por la justicia argentina”. Es ni más ni menos lo que dispuso el juez.
Todo indica que una vez que resuelva la Cámara Federal de La Plata es posible que el gobierno argentino tome una decisión. Por ahora, lo que existe es un pedido de cateo, o sea retención y allanamiento. Pero vendrá otro escrito del juez de Columbia, con un pedido más extenso y específico.
Hay un convenio bilateral de cooperación judicial con Estados Unidos. En su artículo tres establece que existe una excepción en la cooperación: cuando el país requerido invoque razones estratégicas. El Poder Ejecutivo podría adoptar ese camino porque en verdad, al no existir ningún delito, todo lo respalda el pedido norteamericano son las medidas de bloqueo contra Irán y Venezuela. Una decisión semejante significa un enfrentamiento con Washington.
Pero existe un segundo texto, posterior, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Mutua. En ese convenio multilateral se plantea la excepción cuando el delito invocado no lo sea en ambos países. En verdad, Estados Unidos plantea que la venta de Irán a Venezuela del Jumbo violó sus leyes de comercio, en esencia los bloqueos. La Argentina no debería acoplarse a semejantes normas, pero eso se decidirá una vez que la justicia establezca si hubo o no algún delito en el viaje de México a Buenos Aires cuando trajeron las piezas para Volkswagen.
La próxima palabra la tendrá la Cámara de La Plata, posiblemente antes de fin de mes.